Ciberacoso

Desgraciadamente el ciberacoso es más frecuente de lo que parece. Te contamos todo lo que necesitas saber sobre este tipo de delitos.

¿Qué es el ciberacoso?

Entendemos por ciberacoso el acoso o intimidación por medio de las tecnologías digitales.

Puede ocurrir en las redes sociales, las plataformas de mensajería, las plataformas de juegos y los teléfonos móviles.

Es un comportamiento reiterado en el tiempo que persigue atemorizar, enfadar o humillar a la víctima.

Ciberacoso entre menores.

Desde un punto de vista jurídico hay que destacar que nuestro Código Penal se puede aplicar excepcionalmente a menores de entre 16 y 18 años.

Por su parte, la  Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (LORPM) se aplica a menores entre 14 y 18 años.

Las sanciones pueden variar desde la amonestación hasta el internamiento, pasando por asistencias a centros de día o prestaciones en beneficio de la comunidad, o libertad vigilada, entre otros.

Según señala García Murillo, abogada experta en TIC, estas son las conductas ilícitas más habituales entre menores:

Hostigamiento (Stalking): se regula en el artículo 172 Ter del Código Penal y abarca todos aquellos supuestos en los que, sin llegar a producirse necesariamente el anuncio de la intención de causar algún mal (amenazas), o el empleo directo de la violencia para coartar la libertad de la víctima (coacciones), se producen conductas reiteradas por medio de las cuales se menoscaba gravemente la libertad y sentimiento de seguridad de la víctima.

Ejemplos: persecuciones, acecho y vigilancias constantes, o llamadas reiteradas en un corto espacio de tiempo.

Suplantación de identidad: la suplantación de identidad no está tipificada como tal en el Código Penal, pero encuentra encaje a través del artículo 401, que describe la suplantación del estado civil.

No basta con usar un nombre y apellidos de otro menor, sino que es necesario hacer algo que sólo puede hacer esa persona por las facultades, derechos u obligaciones que a ella solo corresponden.

En función de los actos cometidos mediante la suplantación de identidad, las conductas también pueden ser calificadas como vejaciones injustas, revelación de secretos o injurias, entre otros.

Un ejemplo de esta conducta podría ser la creación de un perfil con el nombre y fotografía de otro menor y ofrecer a través de ese perfil servicios sexuales a cambio de una cantidad económica.

Insultos en redes sociales: el artículo 208 del Código Penal describe como injuria la acción o expresión que lesiona la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación.

Es el caso de los insultos, motes despectivos, o hacer circular rumores en redes sociales y entornos digitales en los cuales a la víctima se le suponga un comportamiento reprochable.

Por lo tanto, el insulto en una red social puede ser considerado un ilícito penal en tanto en cuanto lesione la propia dignidad de la víctima.

Difusión de imágenes íntimas (Sexting/Sextorsión): el sexting consiste en el envío de contenidos de tipo sexual (principalmente fotografías y/o vídeos) protagonizados generalmente por el propio remitente y enviados a otro menor o menores por medios TIC.

Se pasa del sexting a la sextorsión cuando se produce chantaje hacia la persona que aparece en la imagen. En nuestra legislación actual, la extorsión requiere para que constituya un delito según el artículo 243 CP, un sujeto activo que con ánimo de lucro, obligue a otro, con violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero.

En los supuestos de sextorsión, sin embargo, nos encontramos con un sujeto que chantajea con diversas finalidades, no necesariamente lucrativas, como por ejemplo, la realización de actos de pornografía, la cesión de nuevas imágenes con contenido sexual, etc. No obstante puede encontrar encaje a través de otras figuras como la revelación de secretos (artículo 197 CP), amenazas (artículo 169 CP) o coacciones (artículo 172 CP).

Es esencial aclarar en este punto que nada tiene que ver el hecho de que la imagen haya sido enviada voluntariamente por la víctima a la persona que la difunde, ya que esto no legitima la publicación no consentida en entornos y con finalidades distintas de la que motivaron la comunicación inicial.

Grabación y publicación de vejaciones (happy slapping): se trata de grabación de abusos como tortas o empujones a compañeros, que se graban en vídeo con el móvil y se suben a redes sociales o se comparten a través de internet.

En este caso, no solo se genera responsabilidad legal para el autor de la agresión, sino que también puede existir responsabilidad legal por vejaciones para el que sube el vídeo a la red y el que comparte el mismo en entornos digitales.

Caso “Ballena azul”: es un “juego” que consiste en captar y manipular a adolescentes a través de redes sociales para que realicen 50 retos en 50 días. Los retos programados  incitan al menor a que atente contra su integridad física o contra la de otra persona hasta llegar al reto 50 que es el suicidio (el nombre de este juego viene dado porque las ballenas azules van a morir a la orilla del mar por decisión propia).

Pues bien, los promotores de este juego que inciten a otra persona al suicidio podrán ser castigados con penas de prisión de 4 a 8 años, en base a lo previsto en el artículo 143 del CP.

Jurisprudencia novedosa del Tribunal Supremo: el ciberacoso puede ser agresión sexual.

Recientemente el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que deja claro clarinete que conseguir vídeos o fotos de menores en la redes sociales bajo amenaza e intimidación es un delito de agresión sexual.

El alto tribunal entiende que los episodios de amenazas e intimidación sexual a través de las redes sociales pueden ser igual de graves que aquellos cometidos físicamente.

El alto tribunal considera que la distancia física entre victimario y víctima no desnaturaliza los requisitos de la agresión sexual puesto que mediante intimidación se atenta contra la libertad sexual de la víctima en un escenario, el de las redes sociales, con mayor impacto nocivo y duradero.

La obtención de imágenes de contenido pornográfico de una menor tocándose su propio cuerpo debido a la intimidación on line ejercida por un adulto constituye un delito de agresión sexual y no de corrupción de menores, como había dictamitado la sentencia de la Audiencia Provincial.

El Tribunal Supremo entiende que el delito de agresión sexual no exige que el agresor realice los actos directa y físicamente sobre la víctima.

En este sentido, la Sala señala que, tal como recoge numerosa jurisprudencia, el hecho de que fuera la propia niña, bajo intimidación, quien realizara los tocamientos con contenido sexual explícito sobre sus partes íntimas, atención:

<<no afecta a la idoneidad de la acción para lesionar el bien jurídico protegido: la libertad de autodeterminación personal proyectada sobre el derecho de toda persona a decidir cuándo, cómo, con quién y a quién mostrar su cuerpo o manifestar su sexualidad o sus deseos sexuales.

El artículo 178 del Código Penal prohíbe que mediante violencia o intimidación se atente contra la libertad sexual de la víctima, lo que incluye también la agresión a distancia, la agresión on line>>.

La sentencia explica que la dimensión social de las TIC, al facilitar el intercambio de imágenes y vídeos de los actos de cosificación sexual, puede convertirse en un potentísimo instrumento de intimidación con un mayor impacto nocivo y duradero de lesión del bien jurídico. Además, indica que no debe perderse de vista que las TIC han aumentado los modos de accesibilidad a los niños y niñas por parte de personas que buscan su abuso y explotación sexual.

<<Este nuevo ciberespacio de interacción social fragiliza los marcos de protección de la intimidad, convirtiendo en más vulnerables a las personas cuando, por accesos indebidos a sus datos personales, pierden casi siempre de manera irreversible, y frente a centenares o miles de personas, el control sobre su vida privada>>, subraya la Sala.

El tribunal afirma que el riesgo para cualquier persona, pero muy en especial para una mujer menor de edad, de que la imagen de su cuerpo desnudo, mostrando, además, actos de contenido sexual sobre el mismo, pueda ser distribuida por una red social de la que participan muchas personas de su entorno social y afectivo adquiere una relevante gravedad intimidatoria.

Y ello no solo por lo que pueda suponer de intensa lesión de su derecho a la intimidad sino, además, de profunda alteración de sus relaciones personales y de su propia autopercepción individual y social.

Pero no sólo.

El TS señala que cuando tales datos se relacionan con la sexualidad, junto a su divulgación indiscriminada, y en especial si la víctima es mujer, a consecuencia de hondas raíces ideológicas patriarcales y machistas, se activan mecanismos en red de criminalización, humillación y desprecio.

El tribunal insiste en que <<la revelación en las redes sociales de la cosificación sexual a la que ha sido sometida la víctima, especialmente siendo una mujer menor de edad, puede tener efectos extremadamente graves en muchos planos vitales. Es lo que se denomina escenario digital de polivictimización>>.

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